El 16 de octubre, la Secretaría de Energía anunció el nuevo plan quinquenal de gasoductos en el cual se hace una reducción del 28% respecto a las inversiones anunciadas en el programa nacional de infraestructura 2014 – 2018 (PNI). En este nuevo alcance, permanecen 11 proyectos de gasoductos con una extensión de 5,136 km, de los 14 considerados inicialmente.

La gestión ambiental de esta infraestructura, al menos en dos rubros: la evaluación del impacto ambiental (EIA) y la autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales (CUSTF), habrá de requerir la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Ambiental y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), la cual apenas inició operaciones en marzo del presente año, toda vez que las modificaciones al marco jurídico que sustentaron su creación, concentró en ella, la atención de trámites que ya tenía a su cargo la SEMARNAT, y que si bien, en esta secretaría su atención no se caracterizaba por su eficiencia, al menos la institución venía perfeccionando sus procesos, particularmente en la EIA, no así, en la autorización de CUSTF.

Para desánimo de muchos inversionistas, en este corto lapso, la ASEA ha evidenciado las grandes carencias estructurales y de conocimiento técnico-jurídico de las bases de la gestión ambiental de estos proyectos. La carencia de estructura refleja a su vez la falta de previsión de los legisladores que crearon “al vapor” esta instancia, toda vez que no previeron asignar recursos para una iniciativa que surgió en su seno y que “mandaron a la guerra” sin fusil ni pertrechos.

El desconocimiento de la base jurídica y técnica de los procedimientos que deberían ocupar sus tareas, ha sido evidenciado en los siete meses que acumulan sus operaciones y ello ha conducido a que la gestión de los proyectos, prácticamente se encuentre detenida y no se percibe que ello vaya a modificarse; es de llamar la atención la violación constante de las disposiciones legales que dictan tiempos y movimientos a su actuación y, en tales casos, el órgano de control dependiente de la Secretaría de la Función Pública brilla por su ausencia.

El esquema adoptado por la ASEA para interactuar con los promoventes se ha centrado en aislarse, no atender a los interesados y mantener los trámites en una verdadera “caja negra”.

Los responsables de esta unidad administrativa (titular de la SEMARNAT y Director Ejecutivo de la ASEA), que fue presentada con tantos adjetivos positivos, deben entender que tienen en su manos el avance o el freno a los proyectos “estrella” de la reforma energética del titular del Poder Ejecutivo, su jefe. Con los procedimientos adoptados hasta ahora, difícilmente podrán atender la prioridad que estos proyectos tienen en la agenda presidencial y peor aún, podrán perjudicar el interés público al mantener “detenidos” proyectos que representan una verdadera “necesidad nacional”.

Los inversionistas y promoventes de los 11 proyectos que empiezan a gestarse deben incorporar en su proceso de planeación, lapsos muy superiores a los dispuestos en la Ley para obtener las autorizaciones de la ASEA, para considerar que los proyectos puedan avanzar.

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